Con su polémica ley aprobada hace pocos días, Polonia dio
uno de los pasos más osados para borrar de la historia la ayuda que muchos de
sus ciudadanos brindaron a los invasores alemanes durante la Segunda Guerra
Mundial. Otras naciones, en cambio, tomaron un rumbo distinto para no olvidar
su pasado más negro
Polonia está en el centro de la polémica, pero no es un caso
aislado
La reciente disputa entre Polonia e Israel por una ley que
prohíbe menciones a la responsabilidad polaca en el Holocausto ha vuelto a
interpelar a nuestros tiempos con el recuerdo y la interpretación de una de las
páginas más oscuras de la historia europea y mundial.
Ni Polonia ni Israel pretenden, por supuesto, ir en contra
de la idea de que fue la Alemania nazi la principal, y quizás única,
responsable del genocidio de judíos y muchas otras minorías durante los años de
la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945.
Pero sí están chocando por el reconocimiento del rol activo
de los individuos, de diferentes nacionalidades y credos, en diferentes actos
violentos perpetrados por los nazis.
Así, el gobierno nacionalista y conservador polaco intenta
callar con penas de prisión a quienes citen este colaboracionismo para hablar
de una responsabilidad polaca, y en su férrea defensa han incluso traído a la
discusión el caso de colaboradores judíos dentro de los ghettos y campos de
concentración.
La semana pasada, el periódico israelí Times of Israel se
involucró en el debate promoviendo el argumento de que si bien hubo
colaboradores entre polacos y judíos de toda nacionalidad, los primeros lo
hacían para buscar un beneficio de las autoridades alemanas o bien por
antisemitismo, mientras que los segundos, prisioneros llamados a administrar
prisiones y mantener el orden, lo hacían bajo una constante amenaza de muerte.
Lo cierto es que hubo colaboracionismo, en mayor o menor
medida, en todos los países europeos conquistados por Alemania durante la
guerra y era inevitable. También lo hubo en los países ocupados por Japón e
Italia, aliados que conformaban el llamado «Eje».
Ya sea por búsqueda de beneficio, por supervivencia o por
simple obediencia, el fenómeno existió e incluso hemos podidos observar
ejemplos contemporáneos en las ciudades sirias e iraquíes conquistadas por el
grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) en 2014.
Pero quizás el debate actual en torno al holocausto esté
relacionado a cómo cada una de las naciones reprimidas por los nazis lidió con
el fenómeno de los colaboradores y qué responsabilidad aceptó durante la
posguerra.
Estos son algunos de los casos de colaboracionismo más
emblemáticos de la guerra, y cómo fueron tratados cuando los invasores
finalmente fueron expulsados.
El ejército francés se derrumbó en junio de 1940 tras un mes
y medio de durísimos combates contra los alemanes. Poco antes había ocurrido
algo similar con sus aliados en la Fuerza Expedicionaria Británica, que logró
ser evacuada en Dunquerque.
En consecuencia inició una larga ocupación del país que
duraría hasta 1944.
Pero a pesar de que el movimiento de resistencia ante los
invasores cobró una enorme notoriedad durante y luego de la guerra, Francia se
convirtió también en un emblema del colaboracionismo porque sólo la mitad norte
del país fue ocupada por los alemanes.
La mitad sur fue «devuelta» a un gobierno francés
con capital en Vichy, al mando del general Philippe Pétain, pero a las órdenes
de Berlín.
En la Francia de Vichy la policía rutinariamente hallaba y
deportaba judíos, gitanos romani, homosexuales y otros «indeseables»
a los campos de concentración y de exterminio en Polonia. Además de proveer
trabajadores, inteligencia y hasta asistencia militar principalmente en las
colonias francesas en África, así como voluntarios para la 33° división SS de
infantería «Carlomagno».
Tras la invasión de las tropas aliadas en Normandía en junio
de 1944 y la posterior entrada en París, y del sur del país mediante la
operación Dragoon en agosto, la Francia liberada se lanzó a un caería brutal de
colaboracionistas.
Los hombres eran ejecutados en juicios sumarios, con
estimaciones que llegan a los varios miles, y las mujeres recibían cortes de
pelo al ras para ser luego fácilmente reconocidas y humilladas.
Cuando se restauró el orden, iniciaron entonces los juicios
contra cerca de 127.000 personas, que incluyeron unas 1.500 sentencias a
muerte, según señala el historiador francés Claude Liauzu en su obra de 1999
«La sociedad francesa frente al racismo: de la Revolución hasta nuestros
días». Hubo además 56.000 ciudadanos «degradados» al perder sus
derechos civiles.
El extenso alcance del colaboracionismo en Vichy y las
brutales represalias son un recuerdo difícil de abandonar en el país, donde el
historiador Henry Rousso habla incluso de un «Síndrome de Vichy».
Pero más allá de la ola de ejecuciones ilegales y legales a
colaboradores, sin embargo, Francia tardó en establecer una postura oficial con
respecto a su rol en el Holocausto, e incluso por muchos años cargó la culpa
entera sobre el gobierno de Vichy, extinto.
Pero en 1995 el entonces presidente Jacques Chirac admitió
la responsabilidad del estado francés por la deportación de 76.000 judíos.
«Estas horas oscuras son un insulto contra nuestro pasado y tradiciones.
La locura criminal de los ocupadores fue secundada por los franceses, por el
Estado francés», explicó, según recuerda la BBC.
La postura fue retomada por el actual presidente Emmanuel
Macron en 2017. «Fueron definitivamente los franceses quienes organizaron
esto, ningún alemán participó», dijo el mandatario en un acto de recuerdo
en el Vélodrome d’Hiver, el velódromo
parisino donde fueron reunidos 13.000 judíos antes de su deportación.
«Es conveniente ver al régimen de Vichy como surgido de
la nada, y vuelto a la nada. Es conveniente, pero falso. No podemos construir
orgullo basado en mentiras», argumentó, de acuerdo al periódico El País.
Bélgica y Holanda
Bélgica y Holanda cayeron bajo dominio alemán en 1940, poco
antes de la derrota de Francia.
En el primero la colaboración sucedió principalmente en la
región de Flandes, donde antes de la guerra ya existían partidos fascistas
cercanos a los nazis, como el Vlaams Nationaal Verbond y el Partido Rexista.
Los miembros de estas fuerzas crecieron en número y poder
bajo la ocupación alemana, accediendo a las órdenes de Berlín. Además, unos
15.000 belgas marcharon a las filas de las Waffen SS para luchar en Rusia.
Se estima que entre 29.000 y 65.000 judíos fueron deportados
a los campos de concentración, la mayoría de los cuales murió allí, de acuerdo
al Yad Vashem, institución del Estado de Israel dedicada a la memoria del
Holocausto.
En Bélgica no existe una declaración de responsabilidad como
la realizada en Francia, pero en 1995 se aprobó una ley que penaliza la
negación del Holocausto, una legislación que, al igual que la promovida en
estos tiempos por Polonia, tiene su cuota de polémica.
En tanto en 2007 se publicó un largo y detallado informe
final sobre el colaboracionismo en el país, titulado «La Bélgica
dócil», que tuvo un alto impacto al mostrar el alcance de la ayuda local
ofrecida a las fuerzas ocupadoras.
En especial se cita el momento en 1940 cuando el gobierno
belga accedió a crear un registro de judíos que luego proporcionó a los
alemanes y fue instrumental en las redadas previas a la deportación.
En Holanda existía una variante local del partido Nacional
Socialista de los Trabajadores, nombre oficial del nazismo, que aumentó su
poder tras la derrota militar del país.
Durante la ocupación el país estuvo gobernado por una
administración civil poblada por alemanes, que a su vez controlaban a los
empleados públicos holandeses.
En los primeros años este gobierno mixto realizó un registro
de judíos y sus bienes, y aplicó la prohibición para ellos de participar de la
administración pública y otras ocupaciones.
En 1942 comenzaron las deportaciones a Auschwitz y Sobibor,
y según estimaciones citadas por el Museo del Holocausto en Estados Unidos,
107.000 judíos holandeses fueron enviados a estos dos campos de exterminio.
Sólo 5.200 sobrevivieron.
Además de esta colaboración con el gobierno, numerosos
holandeses se enlistaron también en la 11° divisón SS «Nordland» y en
la famosa 5° división SS «Wiking», para luchar contra la Unión Soviética.
En la posguerra Holanda evitó cualquier tipo de referencia a
sus colaboradores, enfatizando en cambio los numerosos casos de ayuda a los
judíos y su activa resistencia.
Pero el desproporcionado número de muertos entre la
población judía del país y los asuntos inconclusos con respecto a la propiedad
confiscada por las autoridades mantuvo el tema en agenda.
La situación comenzó a cambiar en 2005, cuando la compañía
nacional de ferrocarriles Nederlandse Spoorwegen pidió perdón por su rol en el
traslado de los judíos a los campos de exterminio. Ese mismo año el primer
ministro Jan Peter Balkenende había condenado la complicidad holandesa en el
Holocausto, según reportó Haaretz, aunque aún no hubo una pedido de disculpas
formal.
Ucrania y los países oprimidos por la URSS
En los años previos a la guerra el descontento de los
ucranianos con la Unión Soviética a la que pertenecían, y especialmente frente
a Rusia, su república más importante, había llegado a niveles muy altos.
Especialmente el recuerdo del Holodomor, la hambruna
provocada por políticas deficientes en las que se cree que murieron millones de
personas, las purgas políticas ordenadas desde Moscú y la colectivización de
las fértiles tierras ucranianas, habían potenciado los sentimientos independentistas.
Cuando los alemanes entraron triunfantes en 1941 en el
territorio, persiguiendo al ejército rojo, muchos lo vieron casi como una
liberación y los nazis fomentaron que los ucranianos obtuvieran puestos
políticos en la nueva administración, en reemplazo de judíos y rusos
desplazados.
Basada en un antisemitismo preexistente entre los
ucranianos, a la colaboración con los esfuerzos bélicos alemanes (al que se
sumaron como soldados voluntarios) se sumó la ayuda prestada para llevar a cabo
el Holocausto mediante el despliegue de policías especiales en todo el
territorio, que como Polonia albergó también campos de exterminio.
Ucrania logró separarse definitivamente del control de Rusia
en 1991 con la caída de la Unión Soviética, y desde entonces no ha condenado
oficialmente las instancias de colaboración.
Por el contrario, en 2014 aprobó dos leyes de censura. La
primera, con el número 2558, prohíbe la propagación de símbolos tanto del
nazismo como de la URSS.
Una segunda norma, la 2538-1, celebra los diferentes grupos
de partisanos y milicias ucranianas que combatieron esta ocupación, y
criminaliza a quienes cuestionan su legado en la lucha por la independencia, a
pesar de que algunas perpetraron masacres.
En Bielorrusia los nazis recibieron el apoyo de los
políticos que fomentaban el movimiento independentista, y a cambio de tomar las
riendas del país éstos participaron activamente en la búsqueda y exterminio de
judíos.
Algo similar ocurrió con los países del báltico Estonia,
Lituania y Letonia, los cuales, ansiosos de liberarse de la URSS, no dudaron en
implementar las políticas raciales de los alemanes y gestionaron diversas
masacres contra los judíos y los romani, a cambio de lograr una administración
independiente de su territorio.
Tampoco hubo reconocimiento de responsabilidad en estos
países, que se defienden alegando que no eran estados independientes al momento
de los crímenes.
En el caso de Letonia y Lituania, aprobaron en 2010 y 2014
leyes similares a la de Ucrania, que penalizan con prisión a quienes niegan los
crímenes de genocidio y cuya responsabilidad la norma claramente restringe sólo
a la Alemania Nazi y la URSS.
A diferencia de Vichy y los estados bálticos, no hubo
gobierno polaco durante la ocupación y el país entero estuvo administrado por
los alemanes entre 1939 y 1945.
Además, debido al hecho de que Polonia fue derrotada
militarmente pero nunca se rindió, algunos miembros de su ejército pasaron a la
clandestinidad y forjaron el movimiento de resistencia más grande de Europa.
Por esta razón los alemanes no confiaban en los polacos y no
les daban cargos administrativos de alto nivel, excepto a los descendientes de
alemanes cuyas familias habían quedado en el país luego de los cambios en las
fronteras que produjo la Primera Guerra Mundial.
En esta situación particular se han basado los sucesivos
gobiernos polacos de pos guerra para evitar el rótulo de
«colaboracionismo», aún más en lo referido a la implementación del
Holocausto.
Sin embargo, también hubo numerosas instancias de ayuda a
los nazis de parte de polacos, según ha documentado el Museo del Holocausto en
Estados Unidos.
Potenciado por el antisemitismo, presente en toda Europa en
los años anteriores a la guerra, hubo instancias de polacos que informaban a
los nazis de la ubicación de sus vecinos judíos a cambio de beneficios.
Una investigación privada del historiado Jan Grabowski, por
ejemplo, vincula la muerte de hasta 200.000 judíos a la cacería activa o
información proporcionada por sus vecinos polacos.
Hubo, además, un extenso trabajo en conjunto durante la
ocupación entre las fuerzas policiales polacas y los trabajadores en el sistema
de ferrocarriles con las tropas de ocupación alemanas para ordenar y trasladar
a los «indeseables» a los campos de exterminio.
Además, dos famosas masacres de judíos realizadas por
polacos en Jedwabne y Kielce, en 1941 y 1946, continúan siendo un recuerdo
amargo para muchos.
Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Belzec y Sobibor son algunos
de los campos de exterminio que fueron instalados en Polonia por los alemanes y
en donde murieron millones de personas, y que han trazado una vinculación casi
instantánea entre el país y el Holocausto. De hecho la ley impulsada por el
gobierno polaco busca también prohibir el uso de la expresión «campo de
exterminio polaco», ya que además de su ubicación geográfica el término
puede dar lugar a dudas sobre quién operaba esas instalaciones.
Muchos polacos resienten esta asociación, considerando que,
al menos a nivel estatal, su país colaboró menos que Francia, Holanda o
Estonia, pero que aún así se los considera como partícipes del Holocausto.
Pero lo cierto es que los gobiernos polacos no han
reconocido ninguna responsabilidad ni han ahondado en investigaciones sobre el
alcance del colaboracionismo en el país, debate que ahora planean cerrar con
una ley.
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